Cuando se legalice en California, México tendrá que dar el paso, era la voz esperanzada de un férreo activista por la regulación de la cannabis tras el rechazo de la propuesta 19, que pretendía derrumbar la prohibición en el estado económicamente más poderoso de la Unión Americana. Era diciembre de 2010 y en aquel entonces sus palabras parecían proféticas, aunque no lo eran. La ecuación era lógica, el fracaso de la guerra contra las drogas, la sinrazón de proscribir una planta como la marihuana y el potencial comercial que ofrecía la legalización parecían alimento para el sentido común, pero el sentido común no siempre gana en las urnas.
Todo cambió seis años después, el 8 de noviembre de 2016, mientras Estados Unidos elegía como presidente a Donald Trump, los californianos daban el sí a la marihuana legal. La fecha establecida por las leyes locales fue el 1 de enero de 2018. Así arrancamos dicho año, con los ojos del mundo puestos en lo que para muchos era el California Dreamin’, el despegue definitivo de un movimiento que había calentado motores en estados como Colorado o Washington y tomaba fuerza con la legalización en Nevada y Massachusetts. El movimiento civil por el derecho a consumir, sumado al apetito empresarial ante un mercado en ebullición había preparado terreno para la revolución verde que iría mucho más allá de las fronteras estadounidenses. Canadá se sumó a mediados del mismo año, el 19 de junio el parlamento aprobó por amplia mayoría el libre consumo de la planta. El 17 de octubre, los canadienses celebraron con euforia inusitada la posibilidad de acceder sin restricciones a la Ganja y sus derivados.
En México, la regulación marchaba a paso lento, el amparo ganado en 2013 por el colectivo SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante), tras impugnar la Ley Federal de Salud había sentado precedente para otras acciones similares encaminadas a despenalizar la producción, portación y consumo de la planta para fines recreativos. En los hechos, la Suprema Corte y la sociedad civil había destrabado un debate empantanado en la arena política debido, en gran medida, a intereses electorales. A la par, otras organizaciones ciudadanas daban la batalla para permitir la importación de derivados de la cannabis para uso medicinal, como en el caso de la niña Grace, afectada por centenares de ataques diarios de epilepsia causados por el síndrome Lennox-Gastaut y cuyos padres, apoyados por México Unido Contra la Delincuencia, lograron obtener en 2016 el primer permiso para traer de Estados Unidos, el aceite medicinal que le ayudó a combatir su padecimiento.
Durante los últimos dos años el activismo se mantuvo, aunque el tema quedó relegado a un segundo plano ante la disputa por la presidencia; en los primeros meses de 2018 la lucha política dejó poco espacio mediático para el tema cannábico pero, una vez concluido el proceso electoral la presión social y los tiempos de la ley coincidieron para dar pasos definitivos en el camino de la regulación. El miércoles 31 de octubre la Primera Sala de la Corte otorgó a tres ciudadanos el quinto amparo en contra de la Ley General de Salud, el camino iniciado por SMART culminó con el fallo que sentaba jurisprudencia. A partir de esa fecha, todos los ciudadanos que busquen ampararse recibirán en automático la protección de la justicia. En la práctica, el derecho a la portación y producción para el autoconsumo está garantizado aunque la ley aún no haya sido modificada.
Pero el proceso está en marcha, la iniciativa de ley presentada en noviembre por la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prevé la despenalización y regulación de la cannabis en un esquema que saca a la marihuana de la lista de sustancias proscritas en México y plantea un esquema regido por el estado, que permite entre otras cosas la portación de 30 gramos, la producción para consumo personal de 480 gramos al año, la creación de cooperativas productoras sin fines de lucro, el establecimiento de lugares donde se permita fumar con reglas similares a las que se aplican al tabaco, así como la creación de un marco normativo para la producción con fines comerciales. Se estima que la aprobación de la Ley General para la Regulación y Control de la Cannabis y sus normas reglamentarias sean aprobadas a mediados de 2019, por lo pronto la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios) ha otorgado los primeros 39 permisos para la comercialización de productos elaborados con aceite de cáñamo.
Razones hay muchas, el derecho de los ciudadanos al consumo, quitar a los cárteles de la droga una fuente de ingreso, cambiar el paradigma de la prohibición por otro enfocado en la salud pública parecen elementos suficientes para dar fin a una política que solo ha alimentado fenómenos como la violencia y la corrupción. Por otro lado, abrir la puerta a una industria floreciente ofrece una oportunidad de desarrollo para una gran cantidad de mexicanos. Los números no mienten, 75 millones de personas en todo el mundo tendrán acceso a la marihuana legal en los próximos meses, la capitalización de 39 empresas aglutinadas en el Marijuana Index (un especie de mercado de valores) superó los 30 mil millones de dólares en el último año. La oportunidad de terminar con el círculo vicioso de la prohibición es inmejorable. La regulación es un proceso global que no dará marcha atrás.
Curiosamente, solo hasta ahora parece terminar el tabú que durante el último siglo envolvió a una planta con la que hemos convivido al menos durante los últimos 5 mil años.
Primitivo Olvera es Jefe de Información de W Radio, Conductor del Noticiario A Fondo de Radio Fórmula, Coordinador de Invitados de Foro TV y colaborador de WFM con Alejandro Franco.