// Por: Diego Galán

vie 3 enero, 2020

“Lamentablemente la situación de seguridad actual en la zona no nos permite seguir operando de una manera en la que podamos asegurar el bienestar de todos los que formamos parte de esta familia, por lo que nos vemos en la dolorosa necesidad de cerrar puertas indefinidamente”.

Así fue la despedida de Caradura anunciada el 31 de Diciembre de 2019. Un bar que se había vuelto icónico dentro de la vida nocturna chilanga, al encontrar un buen balance entre venue, bar y semillero de talento. Más comúnmente relacionado con la “escena rock”, Caradura formaba parte de una pequeña lista de lugares entre lo emergente y lo consagrado.

Entre extranjeros como Eagles of Death Metal, Miami Horror, Japandroids, Kakkmaddafakka y su claro apoyo a la escena local por donde pasaron Mon Laferte, Bengala, Ely Guerra y Lost Acapulco, por mencionar algunos, Caradura sería pieza clave de la década recién pasada. 

En mayo del año pasado, el alcalde de Cuauhtémoc Néstor Núñez trajo a la luz alrededor de 50 denuncias por extorsión a comerciantes, integrando primordialmente colonias como el Centro Histórico, Obrera, Roma, Hipódromo y Condesa, varias de las zonas preferidas para la vida nocturna en la ciudad.

Considerando un largo historial frente a los “centros nocturnos” que consideran temas como el narcomenudeo, el cobro de piso e irregularidades en operación con incidentes violentos, no se puede hablar como un fenómeno nuevo al país, pero sí uno que exhibe una clara tendencia al aumento. En específico al crecimiento de la extorsión por parte de la delincuencia organizada y su relación intrínseca con la impunidad otorgada por parte de las autoridades.

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Cotidiano

Para muchos parece inconcebible que colonias tan concurridas y gentrificadas como la Roma o la Condesa padezcan de manera tan pulsante estos delitos de forma cotidiana. No obstante, aquí el factor elemental está en la forma de delincuencia como negocio rentable. Más aún pensando en cómo la cultura de la vida nocturna es comúnmente asociada con el narcomenudeo.  

Al dar a conocer el aumento del delito de extorsión a comerciantes durante el último año, Néstor Núñez añadió que “se tiene la percepción de que todo está vinculado a la Unión Tepito. La realidad es que en muchos casos se trata de pandillas que se dedican a esto, y no está relacionado con la delincuencia organizada”. Además, Nuñez habló del aumento en las cuotas de extorsión hasta casos de 150 mil pesos mensuales y el método de operación dentro de todo.

Los primeros meses de un negocio son “dejados en paz” por estos grupos para ver si funciona como local, después de vigilarlo durante un tiempo se acercan a pedir cuota y posteriormente inician un proceso gradual de infiltramiento y gestión de narcomenudeo. 

Dentro de este método de operación, se evidencia también la respuesta de comerciantes que prefieren no denunciar por miedo a las represalias y la percepción de otros locales, como restaurantes o tiendas, que no viven este proceso tan cerca al estar fuera del ambiente de vida nocturna.

A mitades del año pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital, presentó un informe donde se apuntaba a los delitos en crecimiento y disminución para la CDMX. El delito por extorsión, mostró un aumento del 30% en comparación con el año pasado.

Por otra parte, un reporte de Forbes en Junio del 2019, reflejó un importante contraste entre el aumentos de delito durante el año. Como ejemplo, de Enero a Marzo el secuestro se disparó un 550%, la extorsión en 127% y el robo a negocio en 62%.

Un negocio rentable

Según lo reportado por el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, Nathan Poplawsky Berry, bajo lo analizado en el segundo trimestre del 2019 “el 60% de los empresarios ha padecido la ‘pequeña extorsión’, es decir, han sido obligados a entregar hasta 1,000 pesos para continuar con su labor”.

Esto dentro de un contexto general, que evidencia el cobro mínimo dentro de este tipo de delito. Además apuntar a como en su mayoría, estas extorsiones han sido realizadas de manera esporádica a los comerciantes. El 85.8% no presentaron denuncia por considerarlo una pérdida de tiempo, desconfiar en las autoridades y el miedo a las represalias

Poplawsky, refirió gran parte del problema a ver como esta forma de delincuencia es algo sumamente rentable a partir de los niveles de impunidad que la permiten. El presidente de la Cámara continuó diciendo que “eso significa que ese delincuente tiene 99 por ciento de probabilidad de éxito cuando delinque. Tenemos que encarecer esto y tenemos hacer que un delincuente sepa que las probabilidades de pagar sean mucho más altas por el acto cometido“.

Con esto de por medio, queda entonces voltear a ver a la manera en que esta tendencia, en claro aumento, y su crítica más obvia siendo la impunidad, ha sido atendida. Las iniciativas del gobierno, tomaron la forma de líneas de denuncia anónima y números de auxilio en caso de emergencia. Además, un operativo de casi ocho meses, cuyo acercamiento al problema se mostró mal comprendido. 

“Irregularidades“

El problema como atendido por las autoridades, no fue observado por medio de la delincuencia organizada, sino por el término de “irregularidades” en los mismos comercios. Dentro de estos ocho meses de operativos, donde se supervisaron 110 establecimientos, 90 de ellos fueron sancionados y suspendidos, además de 20 cuales fueron clausurados.

Todo esto referente a permisos para operación con venta de alcohol, certificados de uso de suelo y la implementación de programas de protección civil. No obstante el argumento de “no eliminar la vida nocturna” y el buscar el cumplimiento de reglas administrativas, parece completamente ajeno a la denuncia y evidencia de extorsión.

En el espectro general, la respuesta a los crecientes datos de delincuencia y violencia postulados frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, se han sentido ignorados, desvalidados o simplemente no atendidos.

Con hechos como la detención y posterior liberación de integrantes de la Unión de Tepito, el presidente dijo que “aquí lo importante es que no vamos a tolerar la impunidad y vamos a llamar las cosas por su nombre sin prejuzgar” mientras argumentaba insuficiencia de evidencia para su detención.

Una vida en extinción

Si es que el tema del “cierre de un antro” o la completa desaparición de los clubes en México, a raíz de un ecosistema completamente hostil y por ende imposible para estas formas de cultura, parece minúsculo frente al gran esquema de situación en el país, la respuesta por parte de estas autoridades ha sido exhibida como laxa incluso en el gran panorama.

A nuestro tema, no se suman casos aislados, sino un patrón claro. Aquí lo más simple es ver incidentes donde la vida nocturna no puede operar y los lugares dedicados a la recepción de artistas son cada vez menores.

El pasado 16 de septiembre, las redes sociales de Club Japan anunciaron que “por causas de fuerza mayor cerrará sus puertas definitivamente”. El espacio dedicado a presentar sets de actos tanto nacionales como internacionales de música electrónica cerró sus puertas debido a “la creciente ola de violencia e inseguridad que lleva aconteciendo en nuestra ciudad e industria”.

“Ahora nuestra misma comunidad nos transmite un sentimiento de inseguridad radical mismo que nosotros como empresarios compartimos y que como miembros de la iniciativa privada nos vemos atados de manos en poder atender directamente”, declararon. “Esperamos utilizar nuestro cierre de operaciones como último acto poético-político, pero también como un llamado a la sociedad y a nuestros gobernantes a tomar cartas en el asunto”.

Aquí se le suman otros de los referentes de la cultura nocturna musical que cerraron en años pasados como el icónico Imperial, Rhodesia o Mono, que si bien públicamente no denunciaron su cierre como consecuencia de la delincuencia, si han mostrado la imposibilidad de su operación. Cabe resaltar que en un tema como este, las circunstancias no siempre se manifiestan de la misma manera y cada caso es diferente. 

Ante lo que se percibió como el repentino cierre de Terminal, un portavoz se contó “No estamos cerrando por la delincuencia y es algo bien importante para nosotros que se sepa, Terminal fue un espacio de mucho respeto y donde la gente se cuidaba” […] “Este era un semillero para darle oportunidad a gente nueva, muchos de los que tocan en la ciudad, aprendieron a tocar aquí, nos pedían los players para ensayar y venían más temprano aquí para practicar” […] Eso fue Terminal, una extensión de las escenas periféricas, desde música experimental hasta fiestas de reggaeton”.

En la forma en que Terminal experimento este tema, hay una admisión de cómo “sí hubiéramos estado abiertos otro año”, quizá hubieran tenido que lidiar con este problema. Dentro de todo lo negativo, nos cuentan sobre cómo las condiciones y la cultura creada dentro del mismo espacio fueron poco atractivas para este delito y así su encuentro con el mismo fue casi nulo.  

Hoy con espacios culturales afines contados, queda pensar si más allá de los hechos claros de delincuencia exagerada que vive la ciudad, la respuesta laxa de parte de las autoridades y el completo desinterés al gran panorama de la vida nocturna en extinción, si este es un “tema de siempre” y si su completa desaparición no involucra nuestra atención como consumidores de cultura.