Ya se alista la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para votar el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad que permitirá el libre uso de la cannabis. Aunque no se tiene fecha precisa, organizaciones civiles como México Regula y la coalición Regulación por la Paz esperan que sea este lunes 28 de junio.
El proyecto es presentado por la ministra Norma Piña Hernández. Se necesitan 8 votos de los ministros para lograr que el proyecto pase. Esta parte del proceso sucede cuando el poder legislativo prorrogara y agotara el plazo para legislar la iniciativa de cannabis legal. Después de varias extensiones del proceso, el Congreso debe ahora esperar al impulso que dará la SCJN al tema y entonces se establezcan las leyes que regulen el mercado y uso legal de la cannabis.
Desde el 30 de abril pasado el Congreso cayó en incumplimiento de modificar los cinco artículos de la Ley General de Salud. Estos artículos serán los que es necesario sean señalados como inconstitucionales para que la prohibición sobre el uso, consumo y comercio de la mariguana sea legal en nuestro país.
“Desde la sociedad civil es que se ha impulsado este proceso”, dice Mariana Sevilla, de la coalición Regulación por la Paz. “El legislativo no hace su trabajo para garantizar derechos humanos”. La SCJN había señalado ya que el uso de mariguana lúdica era parte del libre desarrollo de la personalidad. “La votación de la declaratoria de inconstitucionalidad que virtualmente podría dejar sin fundamento la prohibición de la cannabis en México”.
Sevilla señala que el poder legislativo renunció a hacer su labor de crear leyes que protejan derechos. “Una vez hecha la declaratoria no significa que el Congreso deba dejar de hacer su trabajo, al contrario, nosotros consideramos que (tras la declaratoria) sientan la presión para crear unas reglas del juego claras de quiénes pueden participar, cómo, dónde, etcétera… La declaratoria solo es un paso más para garantizar los derechos de las personas usuarias”.
“La SCJN dará una nueva interpretación a la Ley General de Salud que garantizará el derecho al libre desarrollo de la personalidad pero aún hará falta que el poder legislativo establezca con claridad la nueva normatividad. El paso que está dando la Corte incrementa la responsabilidad del poder legislativo en la materia”, informa Regulación por la Paz en un comunicado.
“Para la sociedad civil es importante estar informada y que se sepa que son sus derechos los que se están decidiendo en la Corte”, abunda Sevilla. “Los ministros también deben saber que desde la sociedad civil este es un reclamo legítimo de protección de derechos”.