Tras dos días de protestas en las calles de Buenos Aires y con una votación intensa, llena de discusión que se expandió durante más de 20 horas, el día de hoy los legisladores aprobaron el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.
Con 129 votos a favor y 125 en contra, la ley pasará al Senado del país, que lamentablemente cuenta con una mayoría conservadora.
A tres meses de que el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, habilitó el debate sobre la legalización del aborto, la primera de las dos cámaras necesarias para romper con la ley de prohibición ha aceptado que es una medida necesaria el aceptarlo.
Durante la jornada, los número se movieron como locos, de arriba abajo, había varios diputados indecisos que cambiaron su opinión en numerosas ocasiones durante los conteos gracias a varios discursos que se han convertido en vitales, incluyendo el de Fernando Iglesias, quien declaró, -“En Norteamérica, Asia, Europa, Australia, el aborto es legal o si queremos que se parezca a las partes rojas del planisferio, Latinoamérica y Africa. Son los únicos continentes que prohíben el aborto, donde la desigualdad y la violencia son mayores”-.
Estela Regidor habló por la otra postura, -“¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Salimos a ver a quién le regalamos los perritos. Las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón?“-, en una declaración polémica.
Pese a todas las dificultades, la Diputada Romina Ola salió con las protestantes, declarando, – “Tenemos media sanción. La lucha continúa para que sea ley en el Senado“-, siendo la primera voz en compartir la noticia.
Dentro del país sudamericano, casi 50,000 mujeres son internadas cada año por complicaciones de salir derivadas de abortos ilegales y medio centenar de ellas terminan por fallecer.
En la actualidad el aborto es ilegal dentro de Argentina excepto en caso de violación o de riesgo de salud para la madre y quienes no cuentan con alguno de estos dos casos, pero interrumpen el embarazo, pueden enfrentar una pena de hasta cuatro años de carcel.