// Por: Oscar Adame

mié 5 enero, 2022

Por: Ernesto Cruz Yáñez

En diciembre de 2020, el presidente de Rusia -Vladimir Putin- promulgó una ley para la creación de la llamada “lista de agentes extranjeros de Rusia”; la cual permite que el gobierno declare como gente extranjera “a personas físicas que se dediquen a actividades políticas en interés de Estados extranjeros y reciben financiación desde el exterior”.

Este decreto obliga a las personas de la lista a reportarse y rendir cuentas de sus actividades al menos una vez cada seis meses con el Ministerio de Justicia; o lo que es igual: pone en el escenario ideal al gobierno ruso para monitorear a sus opositores.

Hasta el momento solamente había periodistas y académicos registrados en el sistema de vigilancia; sin embargo, se dio a conocer una actualización en la que se añadió a Marat Gelman, galerista; Andréi Alekséyev, fundador de un club de cine, la editora del medio independiente Jolod News, Taisiya Bekbulatova y al escritor opositor Víktor Senderóvic, sumado a dos miembros de las Pussy Riot -Verónika Nikúlshina y Nadia Tolokonníkova-. 

Todos ellos vinculados con medios y personajes non gratos para la administración de Putin.

La respuesta de Pussy Riot

A través de su cuenta de Twitter, el colectivo Pussy Riot se pronunció al respecto: “No obedecer la ley supone la apertura de un caso criminal, y no vamos a obedecerla”.

Dicho tuit cerró con el emoji del payaso y agregaron:“Diez miembros de Pussy Riot han tenido que abandonar Rusia a causa de los constantes ataques, arrestos y amenazas. Han sido forzados a dejar el país que aman y encontrar un hogar temporal en cualquier otro sitio, lejos de sus familias y amigos. Odiamos que Putin se salga con la suya arruinando las vidas de la gente”.

Se estima que más de cien personas y entidades forman parte de la lista de agentes extranjeros del Gobierno ruso. 

La adición de estos personajes llega apenas unos días después de que fueron eliminadas la fundación Memorial Internacional, que velaba por la memoria de los crímenes soviéticos, y su filial Centro de Derechos Humanos Memorial, que investigaba los crímenes en la Rusia moderna, especialmente en Chechenia y otras regiones del Cáucaso.