Se llama Jonathan. Treintañero, alto. Está sentado, utilizando ropa cómoda, en el Parque Pasteur, a un lado de la Cámara de Senadores, sobre la avenida Reforma en la Ciudad de México. El campamento que 4/20 ha creado a las afueras del Senado, una zona de tolerancia en la que se puede fumar marihuana de un modo libre y pacífico. Jonathan está aquí porque es fumador usual de la hierba.
“Es un lugar muy tranquilo para fumar, nadie te molesta, y yo tengo roomies que no siempre están de acuerdo con que fume”, afirmó. Jonathan es uno de las cientos de jóvenes (en su mayoría) que han hecho del Parque Pasteur su espacio para fumar. Para Jonathan, la marihuana mexicana es la mejor del mundo. Viene regresando de California, donde la hierva para uso recreativo es legal desde el 2018. “Allá es más cara y está llena de pesticidas. Te venden una plantita bien bonita, pero es industrializada. En México la mota es más sabrosa”.
Usuarios como Jonathan han sido criminalizados y hasta encarcelados por uso adulto de sustancias psicoactivas. Se creía que este mismo año tendríamos ya una legislación que regulara y permitiera el uso recreativo de la cannabis. Pero el proceso se ha detenido por una nueva prórroga. El camino sin duda ha sido largo y teñido de colores electorales. “Yo creo que hay mucho esta idea de que si sientes placer por algo, está mal”, dice Jonathan. “Por eso se piensa que si uno fuma entonces es de lo peor”.
Hay muchos prejuicios contra los usuarios de la marihuana. Se cree que son perezosos, sucios, pobres o al menos bohemios; se les ve con condescendencia y hasta lástima. Asociaciones como México Regula, México Unido contra la Delincuencia, Regulación por la paz, por mencionar solo algunas, han luchado a brazo partido para que esos prejuicios cambien y la regulación del uso de la marihuana no solo como medicina, sino también su uso común y recreativo sea ley.
El camino a la legislación mexicana del uso y comercio recreativo de la marihuana ha sido tortuoso, por decir lo menos. “El proceso se encuentra empantanado por falta de voluntad política y el tinte electoral de ese año”, dice Mariana Sevilla, de México Regula y Regulación por la paz, una de las muchas asociaciones civiles que han impulsado el tema a la agenda pública. “Desde México Regula buscamos modificar la política de drogas y trabajar con distintos actores para impulsar políticas públicas a través de procesos de incidencia”.
Entre otras labores, Regulación por la Paz (que es una coalición de más de 10 organizaciones civiles que buscan avanzar el camino armónico hacia la regulación, uso y comercio de la marihuana, entre ellas México Regula) imparte talleres y tiene un frente común para “acompañar el proceso regulatorio en el país”, explica Sevilla. “Cuando llegó el nuevo gobierno nos unimos y trabajamos muy de cerca con la iniciativa que presentó (en 2018) la entonces senadora, exministra y ahora secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. En 2019 creamos el primer encuentro de usuarios de mano del Senado, en fin, hemos buscado la cercanía de los legisladores con el tema”, continúo.
Sevilla dice que en este momento, los miembros de Regulación por la Paz se encuentran preocupados: “Hay la posibilidad de una nuevo prórroga (en la creación de una ley que regule el libre uso de la marihuana)”. Ya se han designado tres prórrogas anteriores en el proceso legislativo. ¿Una más? Desde Regulación por la Paz se ha alzado la voz en contra de más dilaciones de una ley que es ya indispensable.
Es posible que después del proceso electoral en julio de este año se vuelva a poner el tema en primeros lugares de preponderancia. Pero para Sevilla es un hecho que falta un esfuerzo legislativo más consistente para logra la regulación. “Los cambios que se han ido impulsando desde el Senado al dictamen de ley por lo general van en detrimento de los derechos de las personas”.
Desde aquella iniciativa, el camino a una regulación del consumo de la marihuana ha seguido un proceso largo entre los legisladores. “Hace falta pedagogía legislativa”, opina Lisa Sánchez, de México Unido contra la Delincuencia. “Los medios, los legisladores han fallado en comunicar que el consumo de drogas no significa el acabose moral que hemos conocido a través de cientos de campañas, prejuicios familiares y disuasión social.
“No quiero sonar malagradecida”, dice, “los medios han sido aliados nuestros, pero también han fallado. Entiendo la importancia de la nota emocional, cuando se aprobó la legislación para el uso medicinal de la cannabis salieron notas muy favorables, con niños y familias, etcétera. El problema viene cuando se habla ya del uso recreativo”.
Para Sánchez los medios han ayudado a perpetuar el desprestigio de los usuarios de la marihuana, en particular, y de las sustancias psicoactivas en general. “Ponen esas notas con los guatos gigantes, o los usuarios vagos y sucios… Y también quieren iniciar discusiones muy estúpidas como la típica del a pregunta ‘¿Estará México listo para la regulación?’.
“Como sucede en casi todas las sociedades latinoamericanas hay mucho conservadurismo”, continua Sánchez. “Y falta de información. El tema depende mucho de voluntad política, y los legisladores han considerado que los costos electorales de legislar una regulación del uso y comercio de las sustancias es muy alto”.
Desde la sociedad civil se ha llevado el tema a la palestra. Sánchez: “Asociaciones como México Unido contra la Delincuencia decidió acudir a los tribunales para que se generaran los precedentes judiciales necesarios para obligar o forzar ese cambio legislativo”.
El caso emblemático fue el de SMART, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable. En 2013 la SMART presentó un amparo en contra del régimen de prohibición administrativa de la cannabis. Fue el primer paso. En 2018 se obtienen los cinco amparos, revisados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaran de la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del uso personal de la cannabis. Se obtuvo la jurisprudencia, el conjunto de fallos favorables que movieron el asunto de los tribunales a las salas legislativas.
“Cada periodo ordinario (a partir de la jurisprudencia) se fueron presentando más iniciativas al respecto (de la despenalización y regulación del uso personal de la cannabis)”, explica Sánchez. “Nos hemos tardado mucho no solo por la falta de voluntad político, sino también por la falta de capacidad técnica y por una influencia perniciosa de los intereses económicos”. Sánchez señala que se deja fuera a los campesinos que hasta ahora viven en la clandestinidad con su cultivo de cannabis, pues no hay la necesaria reflexión, el porqué esos campesinos se dedican al su cultivo.
La Corte dio la orden al Poder Legislativo de modificar la ley en mayo de 2019. “Todo ese año no se pudo presentar, desde la Comisión de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado, un dictamen medianamente potable”, explica Sánchez. Señala como uno de los responsables de la larga espera de un dictamen bien hecho al senador Julio Menchaca, de Morena, que dirige la Comisión de Justicia y en cada intento de dictamen “cometía errores garrafales como la falta de técnica legislativa mexicana”.
Desde México Unido contra la Delincuencia se denunciaron los defectos, entre ellos el gran beneficio-en el segundo dictamen- a las industrias privadas y en especial a empresas extranjeras que comercializan las cannabis. De los 9 dictámenes que siguieron solo hubo “cambios cosméticos”, con los mismos artículos. Este mes de abril es crucial para la discusión. El día 30 vence la más reciente prórroga para seguir discutiendo la ley en el Senado.
“Lo es más importante es el contar con una regulación que comience por reparar los daños colaterales provocados por más de cien años de políticas prohibicionistas que han resultado en una crisis de seguridad pública nacional y especialmente liberar el cannabis industrial”, dice un comunicado del Consejo Cannábico Nacional, otra asociación, una de los muchos colectivos que han trabajado para educar no solo al público sino a los propios diseñadores de políticas públicas y de leyes.
Para la psicóloga Fany Pineda, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), la persecución del uso de la marihuana en el mundo desde hace 100 años tiene origen en prejuicios racistas y clasistas. “Se piensa así: alcohol, tabaco, el azúcar y café son sustancias permitidas, parte de un ‘estilo de vida’ mientras que se piensa que la marihuana y otras sustancias psicoactivas están relacionadas con grupos raciales y desfavorecidos como los afroamericanos o los latinos”.
Pineda, Sevilla y Sánchez coinciden en que hace falta un cambio de paradigma y de lenguaje para que aprendamos a lidiar con las sustancias psicoactivas. “Para empezar llamarlas así, sustancias psicoactivas”, dice Pineda. “No drogas, no estigmatizarlas, no criminalizar”. Mariana Sevilla coincide: “Hemos dedicado tanta energía en perseguir y criminalizar que no nos damos cuenta de que eso solo abona al ciclo de violencia”.
Para Lisa Sánchez hay que empezar por llamar al proceso por su nombre: “Se trata de una regulación, no de una regularización, la diferencia está en que la primera es establecer controles, mientras que la segunda solo es aceptar un uso no aceptado”.
Pineda trabajó dos años y medio en Iztapalapa. En un cambio de paradigma de nuestra relación con las sustancias psicoactivas, Pineda ayudó a crear los Centros Colibrí, un espacio comunitario en el que no se criminaliza ni se persigue el uso de sustancias. “La perspectiva de los Centros Colibrí es de un modelo de atención al consumo de sustancias psicoactivas desde la reducción de riesgos y daños”. Se abrieron 10 centros para la atención de usuarios y sus familias. “Se trata de poner en el centro de la discusión a las personas y no a las sustancias“.
El modelo hace una llamada a cambiar nuestra relación con las sustancias psicoactivas, seamos usuarios o no, o si estamos cerca alguien que las use. “Solo el 13% de las personas que en algún momento de su vida decide usar sustancias psicoactivas tiene un uso problemático”, sostiene la psicóloga. “El otro 87% queda fuera del punto de vista prohibicionista”. No todos los que deciden de modo adulto acceder a las sustancias será un adicto.
Los Centros Colibrí son lugares de pedagógicos y pacíficos en los que se educa a la población en cuanto a los efectos de las sustancias y cómo detectar usos problemáticos. “Los usos problemáticos son aquellos en los que las personas pierden su trabajo o son violentos”, explica Pineda. Las adicciones, tal como se nos han enseñado, con la abstinencia total del uso de las sustancias, cae entre la minoría de los usuarios. “Tenemos que aprender a vivir con las sustancias, han estado siempre entre nosotros”.
La regulación de la cannabis solo es un paso más en una búsqueda permanente de justicia social. Las consecuencias de la visión prohibicionista y persecución del uso y comercio de drogas solo abonó “a una mayor militarización desde 2006”, dice Lisa Sánchez. “Las consecuencias negativas superaron los beneficios de las acciones antidrogas”. Por ello, coinciden las entrevistadas, es necesario que se regule el marcado de sustancias de manera legal y que se contribuya a la eliminación de los mercados ilícitos que solo empoderan a organizaciones criminales.