// Por: Diego Galán

mar 12 febrero, 2019

Continúa la saga contra el huachicoleo y con cada día, se revelan más detalles referente a los una lista de involucrados que parece interminable. Entre la información de abastos de gasolina mal planeados, la contratación masiva de choferes de pipas, tragedias, el rol de Pemex y los salarios enormes de las prácticas clandestinas, hoy sale el nuevo reporte que lleva este escándalo a lo era de lo cibernético y la invasión de privacidad.

Eduardo León Trauwitz, general brigadier está siendo investigado por su complicidad en el robo de combustible. Al momento, se le acusa de participar en la compra de un software de espionaje para el uso de Pemex. Según el reporte, el costo del software fue de 1.1 millones de USD, al momento de la negociación y el director de Pemex era Emilio Lozoya Austin.

El General Trauwitz, era Jefe de Escoltas de Enrique Peña Nieto durante su gubernatura del Estado De México y al llegar a la presidencia sería encargado de la seguridad de Pemex. El reporte viene por parte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) describiendo las relación de Hacking Team, una empresa italiana que vendió un software que opera a modo de malware llamado Da Vinci. El software funciona para la recolección de datos, imágenes, audios y archivos de dispositivos móviles y computadoras.

Wikileaks y un acto ilegal

La información fue filtrada en 2016 por Wikileaks, en su serie de correo que muestran los diferentes clientes internacionales de la empresa basada en Milán, Italia. Entre los clientes aparecen la Marina, El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, algunos gobiernos estatales además de Pemex.

La información que actualmente se actualizá, confirma la negociación de parte de Pemex. Hacking Team, que opera con filiales a nivel transnacional acordó negociaciones con el General Trauwitz y el mayor Carlos Javier Álvarez Cárdenas funcionario que actualmente también está bajo investigación.

Alejandro Hope analista en políticas y estadísticas de seguridad dijo para MCCI sobre la la compra y uso de este tipo de sistemas “En principio no pueden. Y otra cosa que es importante, todas las intervenciones tienen que ser judicializadas para ser legales. Lo tiene que autorizar un juez. Tú no puedes intervenir comunicaciones de alguien sin autorización judicial. Solo lo pueden hacer las instancias que te mencioné, con autorización de un juez. Otros lo pueden comprar, pero no pueden usarlo. Si lo usan es un acto ilegal. Así de sencillo.”

La revelación de este reporte, no solo implica a diferentes órganos gubernamentales, pero también abre la “crisis huachicolera“ a un panorama cibernético que en la actualidad continúa siendo evaluado por su enorme relevancia y la falta de visibilidad en el tema legislativo.