Ayer, 25 de septiembre, la Comisión Global de Políticas de Drogas de la ONU dio a conocer un informe en el Palacio de la Escuela de Medicina de la Ciudad de México. El documento declaró a la guerra contra las drogas como un gran fracaso y recomendó reformas que legalicen las drogas.
Su objetivo es dar suficiente información a países como Brasil, México y Colombia para reorientar sus medidas de combate contra el narcotráfico. “El informe proporciona una hoja de ruta práctica que aborda las implicaciones reales y reconoce las dificultades de la transición de mercados de drogas ilegales a mercados legalmente regulados”, se declaró.
“La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después de que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales”, da inicio el informe en el cual se propone directamente la alternativa más sencilla para combatir al crimen organizado: la legalización y regularización de las sustancias tóxicas.
Respecto al caso específico de México, se ha declarado que año con año las organizaciones criminales se enriquecen con el mercado ilícito de drogas, con un negocio que genera 300 billones de dólares en ganancias y que ha escapado de la intervención de la ley.
En lugar de continuar con la batalla armada, la ONU propone seguir los pasos de Uruguay, Canadá y diversos estados de los Estados Unidos en cuanto a la regulación de las drogas, como un control responsable sobre su compra-venta y uso.
La idea es sencilla, abrir un mercado regulado, otorgar espacios saludables, seguros y transparentes a todos aquellos que tengan el deseo de comprar o vender sustancias que hasta el día de hoy son ilícitas. “Un mercado que permita tomar decisiones informadas, un mercado en el cual se generen impuestos y que aquel dinero pueda ser invertido en educación”.
De acuerdo al comunicado, los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores han impedido medidas de salud para reducir el VIH, las muertes por sobredosis y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas. “Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas”.
Cabe señalar que, aunque el objetivo principal de la organización es alentar a que los gobiernos experimenten con modelos de regulación legal de todas las drogas, actualmente están centrados en la marihuana.
Este es un grupo de dirigentes políticos y pensadores fundada en el 2011 y compuesta por 23 miembros, entre los cuales se encuentran expresidentes de países latinoamericanos, premios Nobel y líderes de opinión.
El objetivo primordial de su unión es proponerle a los gobiernos de todo el mundo optar por políticas progresistas que prioricen los derechos humanos, la salud y la seguridad en todo lo relacionado con las políticas anti-drogas. Entre sus miembros mexicanos se encuentran el expresidente priista, Ernesto Zedillo y el escritor Carlos Fuentes.
El expresidente del país ha dado mucho de qué hablar tras su integración al proyecto, pues además de criticar la guerra contra el narcotráfico, ha admitido que durante su administración ejecutó una serie de políticas erróneas en la materia.
“Yo tuve la responsabilidad y yo seguí una política equivocada, lo que hemos hecho durante casi un siglo está mal, la prohibición está mal y está causando mucho daño”, declaró en la conferencia. “Hemos seguido políticas equivocadas, y nótese que digo hemos”.
De acuerdo a lo publicado por Milenio, el priista señaló que, con la legalización de la marihuana, los productores ilegales podrían tener remuneraciones garantizadas y protección del Estado.
“Lo que pasa es que nosotros vamos a cambiar la definición de lo que es el mercado legal. Quienes hoy producen marihuana podrán hacerlo legalmente, esos pobres campesinos que son víctimas de crímenes atroces se deben hacer productores legales”, declaró.