Hoy jueves se dio a conocer la resolución de los senadores argentinos con respecto a la legalización del aborto dentro de su país. Pese a que el proyecto tuvo el visto bueno en la Cámara de Diputados y miles de personas marcharon a su favor, el Senado ha decidido mantenerlo ilegal tras un debate de casi 17 horas, una resolución que toma por sorpresa al continente latinoamericano.
El Senado, que cuenta con una mayoría conservadora, rechazó el cambio de ley con 38 votos contra 31 aunados a las dos abstenciones.
Docenas de miles de mujeres marcharon en las inmediaciones del Congreso vistiendo de verde y llevando el pañuelo símbolo del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que ha dado la vuelta al mundo. Pese a la presión social, los senadores indecisos y a favor del aborto no fueron suficientes, pues los grupos defensores de las dos vidas también rindieron su apoyo.
Dentro de la Cámara hubo varias discusiones notables entre los senadores conservadores en contra del aborto, y aquellos liberales pro-aborto. Un debate que intensificó el encuentro fue el que sostuvieron Ernesto Martínez y Pedro Guastavino, que inició cuando el primero sacó a relucir su conocimiento religioso, citando al movimiento católico anti-abortista conocido como la Secta del Incesto. Gustavino le respondió denunciándolo por “tirarnos con crucifijos, quizá sea del mismo sector que le da vuelta la cara a los desaparecidos y torturados“.
En el país sudamericano, alrededor de 50,000 mujeres son hospitalizadas cada año debido a complicaciones derivadas de abortos realizados de manera ilegal, 50 de ellas fallecen, según las estadísticas. Dentro de las regiones más conservadoras y de menos recursos, el aborto se ha convertido en la principal causa de mortalidad materna.
En la actualidad el aborto en Argentina es permitido en caso de violación o de riesgo de salud para la madre, quienes interrumpan su embarazo sin justificarlo con una de las razones anteriores se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel.
El aborto en México se considera legal en todos los estados, en casos de violación y cuando se presenta un riesgo de vida para la mujer. Sin embargo, en la Ciudad de México se despenalizó por completo desde el año 2007, y se permite el proceso a petición de la mujer durante las primeras doce semanas de embarazo.