Por: Cindy Regidor.
Los 19 de Nicaragua tienen mucho en común, pero también sus diferencias. Tienen en común un personaje: Daniel Ortega, el hoy Presidente de Nicaragua y ayer guerrillero que formó parte de la insurrección, logrando sacar del poder a Anastasio Somoza Debayle, el último de la familia Somoza en gobernar con mano dura el país.
Ortega es el hombre que terminó convirtiéndose en quien decía adversar. Formó parte de la Revolución Popular Sandinista que derrocó a Somoza en 1979 y poco después se convirtió en presidente de Nicaragua por primera vez, desde donde dirigió una guerra contra armados contrarrevolucionarios en la década de 1980, dejó el poder en 1990 para volver a fungir como mandatario desde 2007 hasta la fecha.
En once años Ortega, poco a poco, mostraba algunos indicios que hacían a algunos compararlo con Somoza. Desde su repentina y vertiginosa riqueza, el involucramiento de miembros de su familia en labores y posiciones de mando dentro de su estructura de poder, buscando así crear una dinastía como la somocista, que gobernó el país por casi medio siglo, hasta el control absoluto sobre las instituciones armadas del país, policía y ejército, que poco a poco fueron perdiendo su carácter profesional y apartidario.
Pero la semejanza más oscura que los nicaragüenses han visto entre Ortega y Somoza ha sido la represión sanguinaria impuesta sobre la población que se atreve a reclamarle por sus abusos. Somoza dejó alrededor de 35 mil muertos en un enfrentamiento armado entre la Guardia Nacional, fiel a Somoza, y el movimiento guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que buscaba derrocarlo.
Algunas décadas después encontramos a Ortega, quien dice aún representar a ese Frente Sandinista, y cuya estela de muerte en tres meses de rebelión pacífica alcanza casi los 400 fallecidos, producto de una represión perpetrada conjuntamente por la Policía Nacional y fuerzas de choque parapoliciales contra protestantes armados con rústicas armas de fabricación casera. Hasta el día de hoy se contabilizan, además, unos dos mil heridos, decenas de desaparecidos, detenidos y torturados.
-“Ni me voy ni me van”-, habría dicho Somoza antes de salir huyendo del país un 17 de julio de 1979. -“Nicaragua nos pertenece a todos. Y aquí nos vamos a quedar”-, ha dicho recientemente Ortega, quien pretende quedarse en el poder hasta el año 2021, año en que termina su periodo presidencial a pesar de que un 70 por ciento de la población pide su renuncia por haber desatado la violenta represión.
-“No te vas, te quedas”-, coreaban los simpatizantes de Somoza. “El comandante se queda”, se llama el reto que han lanzado los medios oficialistas del gobierno de Ortega, el cual consiste en grabar y difundir un video en que aparezcan personas bailando una canción cuya letra dice -“Aunque te duela, el comandante aquí se queda. Daniel, Daniel, el pueblo está con él”-.
Ese Ortega, que una vez robó un banco y cayó preso, todo como parte de su papel dentro del movimiento insurreccional de izquierda que liberaría a Nicaragua, ese que fue catalogado de terrorista por el gobierno de Somoza, es el mismo que hoy día acusa a otros también de terroristas por protestar contra sus abusos de poder y violaciones de derechos humanos. Otra similitud entre los guiones seguidos por Somoza antes y por Ortega hoy.
Tanto el presidente Ortega, como la vicepresidenta y también esposa del mandatario Rosario Murillo insisten en catalogar a los protestantes de terroristas. “El terrorismo no va a gobernar Nicaragua, los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua”, dijo Murillo este lunes. “Plagas”, “minúsculos”, “vandálicos”, “vampiros”, son otros calificativos que ha usado Murillo y de los cuales la población se ha apropiado de forma sarcástica y a modo de burla.
Pero el gobierno actual no se ha quedado solo en discursos, pues además ha aprobado una legislación anti terrorista, en la Asamblea Nacional controlada por éste, que permitiría calificar a quienes ejercen su derecho a protestar de terroristas. Se trata de la Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, cuyo contenido, alertó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, tiene un texto muy “vago” que podría incluir bajo la definición de terrorista a personas que solamente están ejerciendo su derecho a manifestarse.
Precisamente, el actual gobierno ha mostrado que es capaz de acusar a protestantes de alto perfil público, como lo hizo con el académico y politólogo Félix Maradiaga, y más recientemente con los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes esta semana fueron acusados formalmente y sin abogado defensor, por terrorismo, crimen organizado y otros crímenes.
Mairena, además, es representante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la encargada de sostener un Diálogo Nacional con el gobierno de Daniel Ortega bajo la mediación de los obispos de la Iglesia Católica y el cual, hasta ahora, ha dado muy pocos frutos.
Esto nos lleva a la siguiente similitud entre Somoza y Ortega: el Diálogo Nacional. Publicaciones de medios de comunicación de 1978 dan cuenta de cómo Somoza se jactaba de “abrir las puertas del diálogo para que prevalezca la paz y la concordia”, como aparece en un titular del periódico oficial del dictador Novedades, que data de febrero de 1978. “Compañera Rosario: Diálogo, Seguridad, Paz, prioridad de las Familias nicaragüenses”, titulaba hace unas semanas La Nueva Radio Ya, medio oficialista del gobierno de Ortega. El Diálogo Nacional instaurado en mayo pasado actualmente se encuentra suspendido. Una parte de la población critica fuertemente este mecanismo, ya que lo consideran una táctica dilatoria que Ortega usa mientras continúa reprimiendo las manifestaciones en todo el país, es por ello que muchos piden otras medidas de presión más fuertes como un paro nacional.
Esta es otra de las similitudes entre ambos capítulos de la historia de Nicaragua. El paro nacional se usó en 1978 para sacar a Somoza del poder y se usa ahora para sacar a Ortega. En las últimas semanas se ha llamado a paro nacional en dos ocasiones, siendo el más reciente el del viernes 13 de julio. En ambos momentos de la historia la economía del país ha sufrido graves daños. Hasta el día de hoy se calculan pérdidas de hasta 800 millones de dólares debido a la crisis que agobia al país desde abril y que, además, ha desatado enormes niveles de inseguridad ciudadana y la toma de tierras por personas enviadas por el gobierno a establecerse en propiedades privadas. Se reporta, además, la pérdida de doscientos quince mil empleos.
Mientras tanto las agresiones, muertes y ataques continúan en el país. Al parecer, como Somoza, Ortega se ha ensañado contra los estudiantes, contra la Iglesia Católica, que ha fungido como defensora de las víctimas y mediadora del conflicto, y contra ciudades que han resistido con fuerza severas ofensivas por parte de la policía y las fuerzas de choque parapoliciales que son desplegados fuertemente armados, portando incluso armas de alto calibre como Dragunov, Mini Uzis y AK47 con las cuales disparan a matar, tal como lo ha reportado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al hablar claramente de ejecuciones extrajudiciales y de un patrón de heridas en cabeza, cuello y tórax en las víctimas. La precisión y estrategias profesionales de estas fuerzas de choque, así como fotografías y vídeos de armamento de este tipo han levantado la sospecha de que existen miembros del ejército participando activamente en la represión pero vestidos de civiles. El Ejército de Nicaragua niega las acusaciones.
Los últimos ataques perpetrados por el gobierno en su afán de “limpiar los tranques” (lo cual significa un operativo compuesto por parapoliciales, policías y palas mecánicas para entrar a las ciudades en las que la población ha levantado barricadas como forma de resistencia pacífica y para protegerse de los ataques) han ocurrido en Jinotepe y Diriamba el 9 de julio, cuando murieron unas 30 personas; San Pedro de Lóvago el pasado 14 de julio, donde murieron alrededor de 20 campesinos; y en Masaya el pasado 17 de julio, el más reciente ataque en que murieron unas cuatro personas. En Masaya se ubica la comunidad de Monimbó, bastión de la lucha sandinista en el derrocamiento de Somoza y que hoy se levanta contra Ortega, otra similitud que guardan ambos personajes.
Tanto Monimbó como los estudiantes universitarios son símbolos protagonistas de lucha y resistencia en el país. Lo fueron en la década de 1970 y lo son ahora. Estos últimos fueron víctimas de un brutal ataque el pasado viernes 13 de julio, cuando fueron expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), donde permanecían resguardados, a punta de balas. Los estudiantes se refugiaron junto a periodistas y sacerdotes en una iglesia cerca del campus universitario, allí fueron asediados durante 15 horas por paramilitares que continuaron disparando e incluso impidieron el paso de asistencia médica que pudo haber salvado la vida de Gerald Vásquez, un joven que murió desangrado dentro de la iglesia después de recibir un disparo.
El gobierno ha insistido en mantener un discurso que niega responsabilidad en tales actos, asegura se trata de un intento de golpe de estado de la derecha y critica la injerencia de países que levantan su voz contra la violencia y represión. El portavoz de tales mensajes ha sido el canciller Denis Moncada, quien insistió en tales aseveraciones este 18 de julio cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución condenando al gobierno de Ortega. “Aquí hay confabulación de organismos criminales internacionales, insertados en el país, queriendo hacer aparecer que esos crímenes son cometidos por las instituciones de Nicaragua”, dijo Moncada. En la resolución, que fue aprobada con 21 votos a favor, el Consejo Permanente de la OEA expresa una “enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia” en Nicaragua y manda a desmantelar a los grupos parapoliciales.
Moncada ha terminado personificando a Julio Quintana, canciller en tiempos de Somoza. “Ningún presidente puede juzgar si un país cumple con los derechos humanos”, justificó Quintana en 1978 ante la misma OEA.
Son tantas las semejanzas entre Somoza y Ortega que pareciera una mala jugada del destino. En este 19 de julio, que podría ser el último que Daniel Ortega celebre en el poder, las redes están inundadas de comparaciones entre ambos. La mayor similitud entre ambos, finalmente, es el repudio masivo de la población que los califica a ambos como dictadores.
Después de tres meses de ataques brutales contra la población muchos temen que la crisis derive en una guerra civil si algún sector empieza a responder también con fuego y balas. Hasta el momento se mantiene que las armas, en su mayoría, están en manos de la policía, el ejército y parapoliciales leales a Ortega.
Aquella Revolución Popular Sandinista, que hoy cumple 39 años de haber triunfado y que se logró gracias a la lucha armada de guerrilla, no quiere ser emulada por quienes actualmente participan en la rebelión cívica. Existe un sentimiento extendido de rechazo a la violencia y una identificación con una resistencia pacífica más acorde al siglo XXI y desligada de la efervescencia de las revoluciones en América Latina del siglo pasado.
Precisamente, el contexto geopolítico actual dista mucho del de las décadas de 1960, 1970 y 1980 cuando la Guerra Fría marcó el pasó de las decisiones de mandatarios de uno y otro bando, otra gran diferencia entre ambas situaciones. Es así que hoy día se permite leer lo que ocurre en Nicaragua lejos de los gastados discursos de “izquierda” y “derecha” de los cuales echa mucha mano Ortega y su gobierno en su versión de lo que ocurre.
Hoy día el mundo y los nicaragüenses han logrado ver más allá y enfocarse en denunciar las violaciones a los derechos humanos y las muertes independientemente de que quienes las perpetren se identifiquen como “de derecha” o “de izquierda”. Somoza era un dictador respaldado por Estados Unidos, Ortega es hoy respaldado por el régimen chavista de Venezuela, sin embargo, ambos son responsabilizados de las muertes de civiles en su afán por quedarse en el poder.
El 19 de julio de 1979 Nicaragua celebró el fin de la cruenta dictadura de Somoza, el 19 de abril de 2018 inició una rebelión determinada a sacar a Ortega para, finalmente construir una Nicaragua sin caudillos y corrupción, con democracia y justicia.